La intervención en la agroexportadora Vicentin seguirá vigente. Así lo resolvió el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, al rechazar por “improcedente e infundado” un reclamo de la firma, que entró en default en diciembre de 2019 -el mayor de la historia local- y acumuló una deuda superior a los US$1500 millones.

“La intervención debe continuar”, se resalta en la sentencia firmada el viernes pasado por Lorenzini, con la cual rechazó la revocatoria planteada por los abogados de la compañía. Además, la firma deberá hacerse cargo de las costas del caso.

La resolución de Lorenzini valoró la labor de los interventores y fundamentó su decisorio en parámetros de necesidad, utilidad y conveniencia. También recogió la inquietud de acreedores y trabajadores por el control de la caja y el recupero de créditos impagos. Esto es al interpretar el texto de la resolución, donde el juez expresa su convencimiento en que la intervención societaria. “Se ajusta a las pautas y estándares de control jurisdiccional que este caso nos reclama”, dijo.

Además, al resolver mantener “el mismo nivel de intervención societaria...permitiendo el co-gobierno junto a los administradores naturales de la sociedad”, el magistrado consideró que “el trabajo de los interventores resultó esencial para conocer la verdadera situación de la concursada” al permitir el conocimiento “de los aspectos sensibles y relevantes dentro de la crisis, y apuntalar líneas de trabajo que a la postre fueron beneficiosas”.

Desde Vicentin, ante una consulta de LA NACION se sostuvo que la resolución del juez Lorenzini “es un aspecto formal que no cambia la situación de la empresa” que “hoy está funcionando a pleno donde los empleados cobran sus sueldos en tiempo y forma”.

“No modifica las expectativas de que el concurso se homologue en forma definitiva y que se puedan realizar los pagos que están pendientes. No modifica nada sustancial ni la dinámica ni el día a día” de la firma, insistió un vocero de la empresa.

Esa homologación fue decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. La extensión de la intervención ordenada por Lorenzini es a los efectos de acelerar la recuperación de las deudas en mora dado que “tales recursos monetarios podrían emplearse inmediatamente para mejorar la caja de la concursada y aumentar la capacidad de repago a los acreedores”.

Resolución
En la resolución, Lorenzini destacó el trabajo de los interventores, diciendo que el informe que presentaron el 08/04/2024, ofrece un análisis pormenorizado de las cuentas pendientes de recupero, “que nadie más ha podido brindar al Tribunal y a los acreedores”.

Por ello, “dicho informe contextualiza aspectos de los acuerdos firmados por la concursada que deberían encontrarse en plena implementación, y califica este reordenamiento de los activos como una actividad de recupero genuina, que mejorarían la liquidez de la empresa y reportaría beneficios industriales notables”.

“No estamos hablando aquí de presunciones, datos dispersos o afirmaciones ligeras. Se trata de información elaborada especialmente para que el Juzgado, el Comité de Acreedores, y la Sindicatura, podamos ajustar nuestras tareas y complementarnos de la mejor manera posible. Por todos estos argumentos consideramos que la intervención debe continuar en la forma establecida en la resolución aludida previamente. Corresponde, por lo tanto, rechazar la revocatoria planteada, con costas”, subrayó el magistrado.

En tanto, la sentencia mencionó posturas de trabajadores de la empresa y algunos acreedores, como el Banco Nación, IFC (Corporación Financiera Internacional) y FMO (Netherlands Development Finance Company), a favor de la continuidad de la intervención.

Además, se destacó, mientras avanza el proceso concursal, la intervención “puede seguir vigilando aspectos relevantes y sensibles, tales como el control de la caja, el recupero de créditos impagos, las condiciones de contratación de los fasones y el swap de activos”.

Al respecto, uno de los síndicos, Diego Telesco, acompañó la resolución indicando que “la incertidumbre que se cierne sobre el expediente judicial” en virtud de los recursos planteados, justifica “una presencia activa del Tribunal en el seno de la administración por medio de la intervención por los intereses que se deben resguardar, como la continuidad operativa, conservación de las fuentes de trabajo y la preservación de los activos de la empresa”.

A comienzos de marzo pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista homologó la propuesta de pago que le hizo la cerealera para saldar sus deudas -un pasivo que superaba los US$1500 millones cuando entró en default-.

Ahora, la agroexportadora podrá pagar la deuda a sus 1700 acreedores en un plazo de 12 años, y así salir de la crisis en la que se encuentra inmersa desde fines de 2019 cuando entró en default. En febrero de 2020 se presentó en concurso de acreedores. Lorenzini tomó el caso y desde entonces la causa estuvo envuelta en fuertes polémicas, como la fallida expropiación que quiso hacer en junio de 2020, en plena cuarentena, Alberto Fernández.

José E. Bordón