Industriales y cañeros le pidieron al jefe de Estado que cumpla con una promesa de campaña de prorrogar la ley 26.093 que regula y promociona la producción y uso sustentable de los biocombustibles.

La norma, sancionada en 2006, obliga a las petroleras a mezclar las naftas con un 12% de etanol fabricado a partir de la molienda de caña de azúcar y de maíz, y a utilizar en el gasoil un 10% de biodiésel elaborado con aceite de soja.

En su última visita a esta provincia, el 7 de octubre pasado, en medio de la campaña electoral Macri se comprometió a extender hasta 2023 la vigencia de esa norma, que vence en 2021.

De la continuidad de esa ley dependen, según dicen en el sector, 54 medianas y grandes empresas que se dedican a la generación de biocombustibles. Con 15 ingenios azucareros, Tucumán es la principal productora del país de etanol de caña.

Debido a que la prórroga todavía no fue establecida, distintas entidades vinculadas al sector azucarero enviaron sendas notas a la Casa Rosada para reclamar el cumplimiento de la medida.

El pedido fue encabezado por la Cámara Sucroalcoholera de la Argentina, la Unión Industrial de Tucumán, la Federación Económica de Tucumán, el Centro Azucarero Argentino, la Sociedad Rural de Tucumán, la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, Centro Azucarero Regional, Cañero del Este y Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán.

"Queremos que el presidente Macri honre la palabra empeñada y establezca la prórroga de la ley vigente, que vence en 2021, hasta tanto sea aprobada la nueva ley, que ya comenzó a ser elaborada y que establece beneficios a todos los sectores vinculados a la generación de biocombustibles", señaló a LA NACION el empresario Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán y propietario del ingenio sucroalcoholero La Florida.

Desde el sector admitieron que la ley actual debe ser reemplazada por otra norma que establezca reglas del juego más claras sobre la fijación de los precios de los biocombustibles, teniendo en cuenta que los valores actuales, dispuestos por la Nación, resultan insuficientes.

Rocchia Ferro aclaró que "hasta tanto salga la nueva ley, la que todavía está vigente y que Macri se comprometió a prorrogar por dos años más es la que garantiza el sostenimiento de la actividad". Y explicó que "si por alguna razón la nueva ley no puede ser aprobada y reglamentada hasta abril de 2021, que es cuando vence la actual, el sector sucroalcoholero quedará a la deriva y sin un paraguas legal que permita funcionar".

El industrial tucumano lamentó que el Presidente todavía no haya prorrogado la norma. "Macri no puede prometer algo y después faltar a su palabra. Por eso le presentamos esta nota pidiéndole que respete el compromiso asumido durante su visita a Tucumán en octubre. Queremos la nueva ley, pero mientras tanto necesitamos la prórroga de la actual", insistió.

Según Rocchia Ferro, "con las políticas del actual Gobierno, el sector azucarero atraviesa una crisis similar a la de 1966, durante el gobierno de facto de (Juan Carlos) Onganía, cuando en Tucumán cerraron 11 ingenios".

En este sentido, advirtió que "en la actualidad están prácticamente paralizados los ingenios Santa Bárbara, San Juan y Bella Vista, y los productores cañeros atraviesan una crisis terminal".

Ante una consulta de LA NACION, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán dijo que no pueden esperar a que el presidente electo, Alberto Fernández, asuma y prorrogue la ley. "Alberto Fernández conoce la situación, pero no es un mago para resolver el tema antes del vencimiento. Además, quien se comprometió a tomar la medida fue Macri, que debe cumplir con su palabra", recalcó Rocchia Ferro.
Otra posición

No todos los sectores vinculados a los biocombustibles están a favor de la prórroga de la ley vigente. Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que nuclea a grandes empresas volcadas a la exportación, se mostraron a favor de la sanción de una nueva norma.

"Se generó un mercado de no competencia y hubo polémica por las fórmulas de precios. Es un despropósito prorrogarla (la ley de 2006) cuando funcionó mal", dijo a LA NACION Luis Zubizarreta, presidente de Carbio. "En el sector terminamos de armar un proyecto y apuntamos a una ley superadora para la actividad", agregó el ejecutivo.

En la misma línea, Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe y coordinadora de la Liga Bioenergética, señaló que "en este momento sería mejor que prorrogar apoyar esta nueva ley".

Por: Fabián López